Sobre humos, salud y economía



Una de las cosas que más chocaba a quien visitaba España, sobre todo si no era fumador, era el hecho de compartir espacio en los bares y cafeterías con fumadores. Llegar por la mañana a una cafetería dispuesto a tomarse un buen zumo de naranja y verse invadido por la humareda pegajosa de un cigarrillo encendido justo a tu lado, puede resultar una mala experiencia. España es el único país europeo en el que este escenario era posible. Parece ser que se va a resolver con la entrada en vigor de una ley que prohibirá fumar en espacios públicos, la misma que lleva en vigor en casi todos los países europeos desde hace mucho sin que se haya parado el mundo.

El tabaco, y numerosos estudios lo han confirmado por activa y por pasiva, es una mal negocio para el estado. Los impuestos que se recauden por la compra de cajetillas se gastan en cubrir las bajas laborales y los costes económicos de las operaciones de cáncer y otras enfermedades derivadas de dicha adicción. Por ello, el pasotismo oficial español al respecto siempre me ha causado extrañeza. Si de lo que se trata, como así están demostrando casi todos los gobiernos del mundo entero, es de recortar gastos, sale a cuenta limitar el uso del tabaco ya que, a largo plazo, una reducción del número de fumadores o la moderación de aquellos que libremente desean seguir fumando sería más rentable que la pasividad mostrada por todos los gobiernos españoles hasta 2011.

Para el fumador, al menos para muchos de entre ellos, fumar es un placer. Para quienes no fuman, o no han fumado nunca, ese placer es algo incomprensible. Pero el respeto debe ser algo innegociable, por ello es mucho más justo que quien fume lo haga sin molestar a quien no fuma. El estado, que tanto interés (muy discutible) muestra, al menos en sus manifestaciones, en que sus ciudadanos gocen de buena salud, debería encargarse de garantizar el obligado respeto. Hasta ahora no lo ha conseguido.
Otro de los fenómenos relacionados con el humo y la salud es el automóvil y la ordenación urbana de muchas ciudades, diseñadas específicamente para que el ciudadano dependa del mismo. Cuando la crisis fue reconocida por los medios oficiales, una de las primeras medidas fue “rescatar” mediante unas ayudas económicas astronómicas a la industria del automóvil. Estas ayudas, desde el punto de vista de una estrategia pensada para optimizar los gastos del estado resultan absurdas, tan absurdas que consiguieron que la opinión pública, supogo que excepto los trabajadores o familiares de quienes trabajan en dicho sector, comenzara a dudar seriamente de la voluntad de sus gobiernos.

El automóvil es, igual que el tabaco, un mal negocio para los estados. La cantidad de bajas laborales y la mala calidad de vida que genera la contaminación proveniente de los tubos de escape, no compensa el beneficio que los impuestos de los fabricantes puedan dejar en las arcas de las naciones. Pero no sólo se les ayuda a los fabricantres, sino que también se premia a los compradores mediante los delirantes planes renove y similares.

Hace unos años, en Estados Unidos, un estudio demostró que sería más rentable para el país desmantelar la industria automovilística y pagar el salario por desempleo a todos los trabajadores durante la reconversión del sector a la industria de equipamiento para la producción de energías renovables, que seguir concediendo ayudas que retrasen su agonía. Sólo con el ahorro que se conseguiría en el presupuesto sanitario debido al descenso de la contaminación, bastaría para pagar los subsidios de los trabajadores

El transporte por carretara junto con la industria son los mayores emisores de CO2 y dos de las actividades clave en el desencadenamiento del cambio climático. Ante tales evidencias, se supone que los gobiernos deben dirigir sus políticas hacia la reducción del uso del automovil como medio de transporte, como mínimo para las distancias cortas y en los centros de las ciudades. Para ello, además de dejar de conceder ayudas económicas a la compra de nuevos vehículos, debería desarrollar infraestructuras que hagan que circular con un vehiculo motorizado por el centro de las ciudades sea algo cada vez más difícil y costoso (no hay nada como tocar el bolsillo de la gente para que una norma se cumpla). Es decir, no ha de fomentar su uso sino todo lo contrario. Una ciudad moderna que cuide sus presupuestos debería contar con una amplia red de carriles para bicicletas e infraestructuras adecuadas para garantizar la seguridad de los ciclistas. Un estado que se preocupe verdaderamente por la salud de sus ciudadanos, debería apostar contundentemente por la bicicleta. Lo anticuado es seguir construyendo carreteras, túneles, aparcamientos o centros comerciales carentes de acceso mediante transporte público. Esta política desfasada, que en España tiene sus máximos exponentes en ciudades como Madrid o Valencia, lleva sin duda alguna a la ruina económica de sus ayuntamientos y deja a la economía local completamente desprotegida además de perjudicar la salud de sus contribuyentes.

En las ciudades sobra humo, faltan espacios verdes de calidad. La actual situación medioambiental y de salud pública no se puede permitir el lujo de contar con el tabaco en espacios públicos ni con los eternos atascos provocados por la entrada a un centro comercial o por la visita masiva a las playas. La aplicación de una estrategia acertada en movilidad y ordenamiento urbano mejorará la salud ciudadana y la economía local. El humo del cigarrillo parece que va a solucionarse, el del automóvil será más difícil. Ambos humos son enemigos de la salud y malos para la economía.

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