Transgénicos y democracias


En Suiza está prohibido el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Esta prohibición no se debe a que las autoridades científicas y los lobbys de la industria petroquímica la desaprueben, no, es evidente que la pesada industria alimentaria está deseando meterle el diente al pequeño país alpino. Prueba de ello es que el Fondo Nacional para la Investigación (FNS) científica llevó a cabo un según ellos exhaustivo análisis de este tipo de cultivo durante cinco años. Las conclusiones del FNS fueron que el riesgo del cultivo de los OGM supone un mínimo riego para el medioambiente y para la salud y que ya va siendo hora de comenzar a sembrar. El problema con el que se encuentran los partidarios de los OGM es que el pueblo no los quiere, ni los consumidores ni los agricultores. Estos últimos no desean trabajar para producir un género que es rechazado de forma masiva por el futuro cliente. Así, en 2005, y como a raíz de una iniciativa popular, el pueblo votó una moratoria de 5 años. Llegado 2010, el Parlamento, haciéndose eco de la voluntad popular, amplió dicha moratoria hasta 2013 y ahora, sometidos de nuevo a la presión popular, los parlamentarios están considerando la ampliación de dicha moratoria hasta 2017.

Los partidarios de los OGM consideran que para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro no se puede despreciar la tecnología. También aducen que es muy difícil que diferentes cultivos se contagien por proximidad y no hacen referencia a los graves problemas que en han ocurrido en Estados Unidos en las plantaciones de maíz transgénico (malas hierbas gigantescas, aparición de nuevas plagas, deterioro de suelo agrícola etc etc). Por su parte los ecologistas y los agricultores hablan precisamente de estos problemas y de que el contagio está sobradamente probado. Los partidarios de la prohibición apelan al tamaño del país para no permitir el cultivo de unas plantas que acabarían por contaminar el resto de plantaciones debido a que sería prácticamente imposible impedir el flujo de una plantación a otra.
De todas formas la industria y su avidez por los beneficios económicos no da tregua y los científicos del FNS ya reclaman que se les los pagos directos que reciben los agricultores ecológicos las reciban también los cultivos prohibidos de OGM. La polémica está servida .

Laboratorios e industria se topan con el peor de los muros: la voluntad popular. En Suiza parece ser que aún cuenta la opinión de los ciudadanos y de los profesionales a la hora de llevar a cabo modificaciones o cambios en un determinado sector económico. Para contrastar esta evidencia, basta recordar que en España, una desafortunada Ministra de Medio Ambiente se pronunció favorablemente a los OGM diciendo que ella comía desde hace tiempo y que seguía estando sana. La diferencia entre un país y otro, entre una democracia y una farsa es evidente. Esta señora trabajaba claramente para los intereses de la industria sin importarle la opinión de los consumidores ni la salud y el medio ambiente (¿para cuándo un etiquetado que indique la presencia de OGMs en un producto?), y su comunicado ya carecía de importancia pues, por aquella época, los cultivos de OGM ya campaban a sus anchas por el territorio nacional.

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